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Con el fin de garantizar el tiempo de descanso de los trabajadores, el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, presentó un proyecto de ley que busca establecer en la legislación chilena, el derecho a desconexión digital, tanto para trabajadores del sector público, como privado. 

Esta idea, se enmarca en un contexto de avance tecnológico, en el cual la vida personal y familiar de los trabajadores, «se ve afectada por las ordenes y exigencias que llegan de parte de los empleadores, por medio de correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, entre otros. Mecanismos que en definitiva, hacen que  el trabajador esté en la obligación de contestar y mantenerse permanentemente conectado a sus labores».

 El parlamentario propone, mediante la iniciativa, que estos tiempos de descanso sean respetados, ya que «no solo afecta el cumplimiento de la jornada de trabajo y el respeto a los tiempos de descanso de los trabajadores, sino que también afecta la intimidad y vida personal de las personas, su vida familiar y su salud”.

“Todos los estudios señalan que los trabajadores requieren un tiempo necesario y adecuado para desvincularse y desconectarse totalmente de sus trabajos y avocarse a otro tipo de cosas”.

Asimismo, Soto afirmó que: “Queremos consagrar este derecho en el Código del Trabajo como en el Estatuto administrativo, de manera tal que los empleadores no tengan este derecho a exigir a sus trabajadores fuera de la jornada, que se respeten los tiempos de descanso y la intimidad personal y familiar y además, por el contrario partida, que los trabajadores no se sientan en la obligación de responder a sus empleadores en estos contextos y por estos mecanismos tecnológicos”.

El derecho a la desconexión ha sido reconocido por Francia y recientemente en la Ley de Protección de Datos de España, mientras que en nuestro país, el proyecto ya cuenta con apoyo transversal, por los diputados firmantes, Guillermo Ramirez (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Miguel Calisto (DC), Andrea Parra (PPD), Gastón Saavedra (PS), Maite Orsini (RD), Gael Geomans (IL) y Camila Vallejos (PC).

Finalmente, el diputado Soto enfatizó que de esta manera «nos protegemos y hacemos justicia, nos ponemos a tono con el avance de las nuevas tecnologías, como ya lo están haciendo otros países del mundo y Chile, puede ser vanguardista en esta materia, al menos en nuestro continente”.

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La Cámara de Diputados aprobó, con 83 votos a favor, 51 en contra, y cuatro abstenciones, el Proyecto de Ley del Estatuto Laboral para jóvenes, presentado por el ejecutivo en abril pasado.

¿En qué consiste específicamente?

1-La normativa establece que se entenderá como “estudiantes trabajadores” a toda persona entre 18 y 28 años inclusive, quienes se encuentren “cursando estudios regulares o en vías de titulación”. Aquellos que se encuentren en dicha situación, podrán pactar un contrato especial con sus respectivos empleadores.

2-Si la persona cumple 29 años, o termina o deja sus estudios, se volverá a regir por las normas generales del Código del Trabajo.

3-El estatuto contempla que el contrato no puede exceder las 30 horas semanales, ni distribuirse en más de 6 días seguidos. Durante domingos y festivos, pueden llegar a acuerdos, en donde el joven tendrá un permiso sin goce de sueldo.

4-En el caso de las vacaciones, el proyecto abre la opción a tres alternativas: la primera es suspender el contrato por un máximo de 2 meses; la segunda es mantener la prestación de servicios y finalmente aumentar la jornada a máximo 45 horas semanales, con posibilidad de pactar horas extra.

Las críticas que enfrenta la iniciativa

En abril de 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó sobre el pago de no horas extraordinarias y la «alta flexibilidad» de la organización de la jornada. La entidad llamó a tener cuidado a que la posibilidad de contratar a estudiantes no termine sustituyendo empleos que tendrían carácter de permanente. 

Por su parte la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) manifestó su rechazo a la tramitación del proyecto ley. 

“No es viable que trabajadores puedan pasar cerca de un cuarto de su vida laboral, entre los 18 y los 29 años, bajo un contrato de formato especial, que afectará no sólo el desarrollo de sus remuneraciones, sino que también la posibilidad de percibir una pensión digna al final de su vida laborar y al momento que les corresponda pensionarse”, expresó el presidente de la Agrupación, Carlos Insunza a La Tercera. 

Finalmente desde la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), señaló mediante un comunicado que la iniciativa «desconoce el principio de la estabilidad de empleo»  y «niega la posibilidad de acceder a beneficios sociales» como subsidios, por ejemplo.

En el Oficio de ley a Cámara Revisora. N° 14078 se establece que durante los primeros tres años de vigencia de las disposiciones que regulan este estatuto especial, éstas deberán ser evaluadas anualmente por el Consejo Superior Laboral «con el fin de que dicha instancia recomiende las enmiendas que se estimen necesarias».

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Un hombre que terminó ganando $1,8 millones mensuales al final de su vida laboral, imponiendo el 10% actual , que no tuvo lagunas y se jubiló a los 65 años, recibiría una pensión de $740.816, según una proyección de la Subsecretaría de Previsión Social. En tanto, al calcular la pensión con el 18% de cotización previsional promedio de los países OCDE, la jubilación de esa misma persona aumenta a $1.333.470.

A dos semanas del anuncio de la reforma al sistema de pensiones por parte del Gobierno y a solo días de que el proyecto de ley ingresara al Congreso, el tema ha generado coletazos en varios sectores.

La propuesta del Ejecutivo tiene cincos ejes principales: aumentar la cotización obligatoria de los trabajadores en cuatro puntos porcentuales para la cuenta individual con cargo al empleador; el fortalecimiento del Pilar Solidario; incentivos para postergar la edad de jubilación; mayor competencia en el mercado, y aportes adicionales del Estado para algunos sectores más vulnerables, mujeres y clase media.

Y si bien las medidas apuntan a mejorar las pensiones y el sistema que las administra, hubo voces que llamaron a mejorar la propuesta. La Asociación de AFP, por ejemplo, fue concreta en su crítica, pues su presidente, Andrés Santa Cruz, calificó de insuficiente el aumento del aporte individual a un 14%. «Se debe transitar con gradualidad hacia un 18% de cotización», aseguró el timonel del gremio, cifra que representa el promedio de los países OCDE, organización de la cual Chile es miembro.

Lo cierto es que actualmente la cotización obligatoria es de 10%, monto que se descuenta del sueldo imponible de los trabajadores y va directamente a la cuenta que cada persona tiene en la AFP.

Así, y sobre la base de las cifras que se han barajado en los últimos días, «El Mercurio», en conjunto con la Subsecretaría de Previsión Social, realizó una proyección de cómo mejorarían las jubilaciones de los chilenos teniendo solamente en cuenta los posibles cambios al alza del ahorro previsional propuesto por el Ejecutivo. Pero también se calculó el efecto que habría si hipotéticamente se igualará esta exigencia a los niveles de la OCDE. 

En 40% subirían pensiones si aporte se eleva a 14%

Los resultados del ejercicio arrojaron varias conclusiones. La primera y más concreta, es que las jubilaciones aumentarían en un 40% si se aprobara el alza de un 4% extra en la cotización obligatoria, que es lo que propone el proyecto actual de reforma.

A modo de ejemplo, un hombre que partió trabajando con un sueldo de $1 millón y terminó ganando $1,8 millones mensuales al final de su vida laboral, imponiendo el 10% actual, que no tuvo lagunas, se jubiló a los 65 años y tiene una cónyuge tres años menor, recibiría una pensión de $740.816 al mes, según la proyección de la Subsecretaría de Previsión Social. En tanto, al calcular la pensión con el aumento a 14%, la jubilación sube a $1.037.143 (ver infografía).

Pero, si la cotización se ubicara en el nivel promedio de los países OCDE (18%), en el caso de la misma persona (con una remuneración final de $1,8 millones), la jubilación aumentaría en un 80%, ya que pasaría de $740.816 a $1.333.470. Ahora si el hombre no tuviera cargas, el monto subiría en unos $120 mil más, es decir un 16%, y quedaría en $1.548.905 mensuales.

Bajo el mismo supuesto inicial, una mujer (igual sueldo, sin lagunas, jubilando a los 60 años, con un cónyuge tres años mayor y con el 10% de cotización), tendría una pensión de $479.438 mil. Mientras que con el 14% de aporte obligatorio, esta llegaría a $671.213, es decir, un 40% más. Y si se considera el 18% OCDE, el monto ascendería a $862.989 mensuales.

Cabe destacar que los casos son supuestos propuestos por «El Mercurio», sobre la base de mujeres y hombres que jubilan a la edad legal (60 y 65 años respectivamente), habiendo cotizado 35 y 40 años, sin lagunas, con y sin cónyuge según corresponda.

Frente a los resultados, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, señala que el aumento de la cotización genera un impacto en la tasa de reemplazo importante. «En el caso de los hombres con cónyuge (considerando aumento en las remuneraciones) la tasa de reemplazo de 40,9% que obtiene cotizando el 10% del ingreso mensual, sube a 57,3% cotizando el 14% del ingreso mensual imponible que plantea el proyecto de ley que está impulsando el Gobierno», precisa Zaldívar.

En tanto, agrega que en el caso de las mujeres con cónyuge, el efecto de la mayor cotización se traduce en un aumento de la tasa de reemplazo desde 26,5% con cotizaciones por el 10% del ingreso a 37,1% con el 14%, es decir, 10,6 puntos porcentuales más.

«Estos resultados son los que nos motivan a incorporar en la reforma a las pensiones, incentivos a la postergación de la edad de retiro y la generación de aportes adicionales para la clase media y, particularmente, para las mujeres», afirma la subsecretaria.

Los pilares del proyecto de reforma previsional

Además del aumento del ahorro previsional obligatorio del 10% al 14%, los pilares de la reforma previsional contemplan, entre otros cambios, el ingreso de nuevos actores para la administración de los fondos provenientes de los cuatro puntos porcentuales adicionales de la cotización, como las cajas de compensación y administradoras generales de fondo; junto con disminuir las barreras de entrada para que ingresen al mercado más AFP. Al 31 de agosto el total de afiliados al sistema ascendía a poco más de 10,6 millones, de los cuales casi dos tercios están en tres de las seis administradoras que existen en la actualidad.

Asimismo, el proyecto contempla un seguro solidario de dependencia para los adultos mayores no valentes; un subsidio del Estado para los adultos mayores más vulnerables de entre $60 mil y $80 mil al mes; apoyo a los adultos mayores que quieran continuar con una vida laboral activa, y un Aporte Adicional Clase Media y Mujeres (AACM), que premiará a quienes tengan un mínimo de cotizaciones, entregándoles un monto que aumentará sus pensiones. Ese premio será mayor para las mujeres.

También la reforma establece un aumento del aporte fiscal al Pilar Solidario, con un aumento tanto para la Pensión Básica Solidaria (PBS), como para el Aporte Previsional Solidario (APS).

FUENTE: WWW.EMOL.COM

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